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Puerto Rico espera pueda acogerse a la ley de quiebra federal

LA ESQUINA DE MANUEL NUÑEZ

La decisión del Gobierno de Puerto Rico de no hacer frente al vencimiento de pago

de una de sus corporaciones públicas crea incertidumbre sobre el resto de una deuda de 73.000 millones de dólares y la economía de la isla.

Las consecuencias del impago de 94 millones de dólares a la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés) de una emisión que venció el pasado fin de semana es todavía una incógnita, mientras hoy el Ejecutivo de Alejandro García Padilla adelantó que no se harán comentarios sobre el asunto.puertoricoincumplepago

El Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), el brazo financiero del Gobierno, tampoco dio detalles de un impago que para algunos expertos es el primero de la historia del Estado Libre Asociado, territorio estadounidense desde 1898 que cuenta con cierto grado de autonomía y una constitución propia.

La pasada semana, el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, anunció un esfuerzo para reunir liquidez y saldar los vencimientos de deuda más inmediatos de agosto, aunque matizó que quedaba fuera el de la PFC, subsidiaria del BGF, que justificó por falta de liquidez.

Suárez fue el encargado de abordar el asunto en ausencia del gobernador, que viajó a Washington para recabar apoyo entre los legisladores del Congreso para que Puerto Rico pueda acogerse a la ley de quiebras federal que rige en Estados Unidos.

Puerto Rico está excluido actualmente de esa posibilidad y desde San Juan se piensa que una bancarrota ordenada por un juez permitiría llegar a un acuerdo con los acreedores que evite una batalla judicial de consecuencias impredecibles.

El porqué el Gobierno puertorriqueño escogió no pagar ese vencimiento de deuda concreto cuando solo hace un mes se había aprobado el presupuesto del año fiscal que acaba de comenzar (1 de julio a 30 de junio) es una incógnita sobre la que se han pronunciado algunos expertos.

Elías Gutiérrez, uno de los economistas de más prestigio en la isla, apunta que la decisión de no pagar la deuda de la PFC es resultado de un cálculo recomendado por asesores del Gobierno.

La información del Gobierno llega con cuenta gotas, como muestra el comunicado del pasado viernes de solo una frase que distribuyó el BGF a algunos medios, en el que su presidenta, Melba Acosta, se limitaba a decir que la entidad realizaría el pago de 169 millones de dólares para el servicio de deuda inmediata.

La cantidad impagada el pasado fin de semana significa un porcentaje insignificante comparada con una deuda de cerca de 73.000 millones de dólares y ahora los comentaristas locales se preguntan qué pasará con los vencimientos más inmediatos.

A la espera de la reacción de los acreedores que no han recibido su dinero, algunos ponen sus ojos en el Congreso estadounidense, al que el Ejecutivo local presiona para que apruebe la legislación que permita a Puerto Rico declararse en bancarrota bajo una ley federal de EEUU de la que la isla fue excluida hace años.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, se mostró la pasada semana a favor de que Puerto Rico pueda acogerse a la ley de quiebras federal.

La incertidumbre sobre que pasará con la deuda de Puerto Rico coincide con la publicación del Índice de Actividad Económica, que cayó en el último año fiscal un 1,6 % debido a la pérdida de empleos y la bajada del consumo de gasolina y cemento.

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