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México no posee pruebas para acusar a “El Chapo” de narcotraficante

LA ESQUINA DE MANUEL NUÑEZ

Se le considera uno de los mayores capos de la droga en el mundo. Pero legalmente las autoridades en México no han podido comprobar que Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, es narcotraficante.

Desde 1993, cuando fue detenido por primera vez, la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) lo acusó en varias ocasiones de traficar droga.

Pero hasta el momento no ha logrado que sea encarcelado por ese delito.

En su primera etapa en prisión, de la que escapó en 2001, las sentencias por narcotráfico que se dictaron contra El Chapo fueron revocadas.

Los magistrados que las cancelaron argumentaron que no se pudo probar la acusación.

El capo permaneció en prisión por delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del ejército y realizar vuelos clandestinos.

Cuando fue recapturado en febrero de 2014, la fiscalía promovió cinco juicios contra Guzmán Loera, uno de ellos por delitos contra la salud.

Pero la acusación no es por comercializar grandes cantidades de droga, como hace el Cartel de Sinaloa que él encabeza.

Según el Consejo de la Judicatura Federal, actualmente El Chapo enfrenta un juicio por posibilitar “la ejecución del delito contra la salud”.

La PGR lo había señalado por poseer semillas de marihuana y amapola “con fines de siembra, cultivo y cosecha”.

Pero un juez del Estado de México desestimó el expediente porque la fiscalía no presentó pruebas suficientes.

En contraste, desde 2009 el gobierno de Estados Unidos mantiene una acusación judicial en contra de El Chapo por introducir al menos 200 toneladas de droga a su territorio.

Jack Riley, el jefe de operaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), afirma que Guzmán Loera es “el más peligroso traficante de heroína del mundo”.

Su organización, añade, controla el mercado estadounidense de esa droga.

Por eso, la alcaldía de la ciudad de Chicago considera a El Chapo como el enemigo público número uno.

Y el Departamento de Estado ha dicho que solicita su extradición para juzgarlo… por narcotráfico.

Entonces, ¿por qué la PGR no ha logrado que se sentencie a El Chapo por narcotráfico?

“Por ineficiencia y corrupción en el sistema judicial del país”, dice Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara, en México.

“Un hombre con mucho dinero capaz de corromper autoridades en los tres niveles de gobierno, se conjuga con un sistema corrupto en materia jurisdiccional”, añade.

“Es la explicación más clara y contundente”.

La considerable fortuna de El Chapo le permitió comprar privilegios indebidos en sus dos etapas en las prisiones de máxima seguridad de las que ha escapado.

En la cárcel de El Altiplano, de la que se fugó en julio, se le asignaron espacios de visita familiar y de sus abogados de los que tenía derecho.

También se le permitió quedarse en la misma celda durante año y medio, algo irregular pues todos los internos deben cambiar de espacio frecuentemente.

Y antes, en los 9 años que permaneció en la cárcel de Puente Grande, Jalisco, organizaba grandes fiestas en su celda.

De hecho quien fuera jefe de seguridad de esa prisión, Dámaso López Núñez, se convirtió en uno de los principales jefes del Cartel de Sinaloa.

A uno de sus hijos, Dámaso López Serrano, conocido como “El Mini Licenciado”, se le considera el eventual sucesor de El Chapo.

Pero no es sólo el dinero lo que ha permitido a El Chapo evadir las sentencias por narcotráfico.

René Jiménez Ornelas, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirma que la información del capo ha sido fundamental para su libertad.

“A nadie parece convenirle que recapturen a El Chapo, ni a los funcionarios ni al narcotraficante”.

“Qué no sabe de funcionarios mexicanos, de Centroamérica y los países sudamericanos donde ha estado, y qué no sabe también de funcionarios estadunidenses”, añade.

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