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Fiscalía de Perú investiga por blanqueo de capitales a Keiko Fujimori

LA ESQUINA DE MANUEL NUÑEZ

La Fiscalía de Perú ha abierto una investigación contra la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por la presunta entrega de 15 millones de dólares al ex congresista y entonces secretario general del partido, Joaquín Ramírez, para que estos fueran “lavados”.

La investigación, que tendrá un plazo de ocho meses, se enmarca en un delito de blanqueo de activos y está a cargo de la fiscal Sara Vidal, según ha informado el diario ‘La República’.

En mayo de 2016, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) abrió supuestamente una investigación para esclarecer si Ramírez había blanqueado 15 millones de dólares de la entonces candidata presidencial.

Las cadenas Univisión y América Televisión sacaron a la luz el testimonio de Jesús Francisco Vásquez, un piloto peruano residente en Estados Unidos que asegura haber colaborado con la DEA y presenta los resultados de una supuesta operación encubierta realizada en 2013 en Miami.

Con un micrófono oculto, habría captado una conversación con Ramírez en la que éste asegura que “la china” en alusión a Fujimori le había dado 15 millones de dólares de la campaña electoral de 2011 “para lavarlos”.

La Fiscalía peruana llegó a abrir una investigación preliminar sobre Ramírez por un presunto delito de blanqueo de capitales, pero no prosperó porque no existían los suficientes indicios para quitar al dirigente de Fuerza Popular su inmunidad parlamentaria.

Ahora, el Ministerio Público, que finalmente ha abierto la investigación, considera que el dinero podría proceder de fondos sustraídos por su padre, el expresidente Alberto Fujimori, del propio Estado, y que se habrían intentado “blanquear” a través de una “cadena de grifos y estaciones de combustible”.

Después de ser elegido congresista, Ramírez habría adquirido, además, dos inmuebles por valor de cerca de 2,5 millones de dólares que posteriormente fueron utilizados por Fujimori sin alquiler mediante. La adquisición de estos edificios se habría hecho a través de dos empresas que “recurrían al artificio engañoso y encubridor de ‘capitalización de créditos’ sin recibir dinero de nuevos accionistas”.

En este contexto, la Fiscalía ha subrayado la necesidad de investigar los ingresos y el patrimonio de la política, que será citada próximamente a declarar.

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