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Ante la millonaria deuda Puerto Rico se declara en quiebra

LA ESQUINA DE MANUEL NUÑEZ

 El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció ayer miércoles que se acogerá a la protección del Título III de la ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) que implica una declaración de quiebra ante la multimillonaria deuda que registra la isla, de más de 70.000 millones de dólares.

  “Tomé la decisión de solicitarle a la Junta (de Supervisión Fiscal) que Puerto Rico se acoja a la protección del Título III para trabajar de forma estructurada en el pago de la deuda bajo de los parámetros del plan fiscal”, señaló Rosselló en una conferencia de prensa desde la sede del gobernador, según informó ‘Primera Hora’.

Roselló hizo el anuncio al terminar la moratoria que impedía a los acreedores acudir a los tribunales para reclamar el pago de la deuda al estado libre asociado de Estados Unidos.

“Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores. El mejor ejemplo de que se puede dialogar es el Acuerdo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) establecido recientemente con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del Pueblo puertorriqueño”, expresó el primer ejecutivo.

Un proceso de bancarrota en Puerto Rico sería el más grande de la historia del mercado de deuda local de Estados Unidos.

Actualmente, la isla vive una grave crisis económica, con una tasa de pobreza del 45 por ciento, un desempleo que dobla la media de Estados Unidos y población que no para de decrecer por la emigración a Estados Unidos continental.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) establecida por el Congreso de Estados Unidos para atender la crisis financiera de la isla, aceptó el pedido, indicó el gobernador, pero no pudo precisar en qué tribunal se vería esta petición bajo Título III.

Dicho Título es un proceso de reestructuración de deuda similar a las normas de protección por bancarrota estadounidense a las que no se puede acoger Puerto Rico por su condición de Estado Libre Asociado.

La norma sirve para paralizar las demandas judiciales y, previa presentación de reclamos por los acreedores y objeciones por parte del gobierno, poner en manos de los tribunales las decisiones sobre el pago, según informó ‘BBC Mundo’.

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