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Politica

Abren investigación contra Rafael Correa por presunto secuestro

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La Fiscalía de Ecuador ha informado este martes de que ha abierto una investigación contra el expresidente del país Rafael Correa por el presunto secuestro del exdiputado opositor Fernando Balda tras escuchar el testimonio de varios de sus antiguos colaboradores, que lo habrían vinculado con el caso.

Balda denunció ante el fiscal Paúl Pérez que fue víctima de un secuestro en 2012 en Bogotá, la capital de Colombia, donde residía en un intento por eludir una sentencia de la Justicia ecuatoriana. Según su declaración, el secuestro habría sido ordenado por varios altos cargos del Gobierno de Correa.

El exdirigente, por su parte, ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que se trata de una persecución política. “La Fiscalía ha encontrado varios elementos de convicción que se consideran suficientes para vincular el proceso de instrucción fiscal contra del expresidente de Ecuador”, ha indicado Pérez durante una rueda de prensa.

“Son las versiones de los mismos exfuncionarios las que han servido como elementos de convicción para tomar esta decisión”, ha añadido. Balda, que actualmente vive en Quito, ha acusado a los agentes de Inteligencia de Ecuador de haber planificado su secuestro y ha vinculado a varios policías colombianos con el suceso.

“La petición del fiscal de que se me vincule con el caso Balda no tiene ninguna fundamentación ni se refiere a ningún elemento procesal. Es decir, primero me vincula y luego buscará el por qué”, ha manifestado Correa en su cuenta de Twitter. “Totalmente inconstitucional, pero cumpliendo las consignas políticas”, ha afirmado.

Al menos tres agentes de la Policía y dos exdirectores de los Servicios de Inteligencia de Ecuador han sido imputados en el marco del caso. La Justicia colombiana ha condenado a otras cuatro personas relacionadas con el secuestro.

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Politica

Aprueban proyecto de ley que impide que Alberto Fujimori regresa a prisión

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El pleno del Congreso de Perú aprobó ayer jueves el proyecto de ley presentado por la congresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma para impedir que el expresidente Alberto Fujimori vuelva a ingresar en prisión después de que se anulara el indulto humanitario concedido por el exdirigente peruano Pedro Pablo Kuczynski.

La iniciativa ha salido adelante con 55 votos a favor, 30 votos en contra y dos abstenciones, según ha informado el diario local ‘El Comercio’. Poco antes, el pleno rechazó una solicitud presentada por la parlamentaria Marisa Glave, de Nuevo Perú, para que el proyecto fuera revistado previamente por la Comisión de Justicia de la cámara.

El proyecto presentado por Vilcatoma, que cuenta con las firmas de los legisladores de Fuerza Popular, señala que los beneficiarios, puestos en libertad bajo vigilancia, deberán utilizar un dispositivo electrónico y permanecer en un “radio de acción y desplazamiento circunscrito a la provincia donde residen”.

Asimismo, podrán acceder a este beneficio los mayores de 65 años que “se encuentren con enfermedad grave o crónica acreditada” por el médico legal y hayan cumplido un tercio de su pena. También los “adultos mayores varones de 78 años”, con el único requisito de haber cumplido un tercio de su pena.

El documento añade que el trámite debe hacerse ante el jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) y puede efectuarlo “el propio condenado, un familiar, un abogado defensor de su elección o la defensa pública del Ministerio de Justicia”.

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“No me condenen a muerte, ya no doy más”: Alberto Fujimori

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El exmandatario peruano Alberto Fujimori ha pedido este jueves al presidente de Perú, Martín Vizcarra, y a la justicia de su país no volver a prisión porque su “corazón no lo va a soportar”, en momentos en que permanece en una clínica por una afección cardiaca.

Fujimori, de 80 años, ingresó este miércoles a la clínica Centenario de Lima después de que un juez de la Corte Suprema anulara su indulto y ordenara su arresto para que siga cumpliendo una condena por violaciones a los derechos humanos.

“Quiero pedirle al Presidente de la República y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten. Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo”, ha señalado Fujimori en un vídeo difundido por la estación de televisión ‘Canal N’.

“No me condenen a muerte, ya no doy más”, ha agregado el expresidente echado en una cama de la clínica.

Fujimori, que está detenido en la clínica y tiene resguardo de la policía judicial, instó además a las autoridades y a los grupos políticos que no lo usen como “arma política” porque no tiene “fuerzas para resistirlo”.

Los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta (1991) y Barrios Altos (1992), en los que murieron 25 personas, solicitaron en julio la revocación del indulto, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio plazo hasta finales de octubre para que la Justicia peruana tomara medidas.

En la víspera, el abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, ha apelado el fallo del magistrado de la Corte Suprema y ha solicitado al tribunal suspender la orden de arresto del expresidente por “un inminente riesgo de muerte súbita en caso de reingresar a un establecimiento penitenciario”.

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Politica

Lula da Silva no podrá votar desde prisión, rechazan solicitud

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El Tribunal Regional Electoral de Brasil ha rechazado este miércoles el segundo recurso presentado por la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para que éste pueda votar desde prisión de cara a las elecciones presidenciales previstas para este domingo, 7 de octubre, según ha informado la cadena Telesur.

El Tribunal ha alegado problemas burocráticos para que el exmandatario no pueda ejercer su voto pese a que Lula tiene derecho a votar. En este sentido, ha señalado que el
recinto donde se encuentra recluido desde hace casi seis meses no cuenta con la cantidad de electores necesarios para instalar una urna de votación.

El juez Jean Leek ha explicado que Lula tiene derecho a votar, pero las normas del Tribunal Superior Electoral (TSE) establecen que se necesita un mínimo de 20 electores en un centro penitenciario, lo cual no se cumple en la policía federal de Curitiba, donde se encuentra detenido el exmandatario brasileño.

Asimismo, el juez ha indicado que debieron presentar la solicitud para hacer viable el derecho de Lula antes, pero que ahora “no hay tiempo debido a una inviabilidad técnica”. Por otra parte, la defensa de Lula ha asegurado que la petición fue llevada en el plazo establecido ante el TSE.

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