Nicaragua cumplió el lunes dos meses de su crisis más sangrienta desde la década de 1980, que se inició con unas manifestaciones contra una reforma a la seguridad social y que se convirtió en un grito nacional que pide la salida del presidente Daniel Ortega.

Después de 62 días, Nicaragua suma cerca de 200 muertos, según cifras de organismos humanitarios, entre ellos 6 miembros de una familia que murió calcinada y otros 15 que fueron asesinados a tiros durante la “Madre de todas las marchas”, celebrada el 30 de mayo, que dejó además 199 heridos, de acuerdo con cifras del Gobierno nicaragüense.
“Hay un promedio de tres personas diarias que han sido asesinadas en las protestas contra esta dictadura siniestra”, dijo Gonzalo Carrión, asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organismo que responsabiliza de estos crímenes al Gobierno con sus fuerzas policiales y parapoliciales.

Según datos del Cenidh, al menos 180 personas han fallecido en las protestas desde el 18 de abril pasado. Otras organizaciones humanitarias ubican en 200 la cantidad de muertos y más de un millar de heridos. La vicepresidenta del Gobierno, Rosario Murillo, por su lado, atribuyó la crisis que sufre el país a una invasión de “espíritus malignos”.

La paz se ha extraviado por “esta invasión de malos sentimientos, invasión de odio que hemos tenido y que tenemos que ver y reconocer como invasión de malignidad, de espíritus que no son positivos, de espíritus malignos que quieren el mal, y quieren que reine el mal en Nicaragua”, dijo la también primera dama, conocida por su supuesta afición al esoterismo.

Murillo pidió a Dios “que cese esa mano diabólica que se mueve en nuestro país, y que niega la vida”. Por su lado, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, condenó la violencia en Nicaragua y denunció que prácticamente todas esas víctimas “lo han sido a manos de fuerzas policiales o de grupos progubernamentales, incluso con la participación de francotiradores”.
En tanto, Estados Unidos volvió a condenar la violencia “patrocinada por el Gobierno” en Nicaragua, especialmente un incendio de una casa que también funcionaba como negocio en el que este sábado murieron seis personas en Managua. “Los ataques y las amenazas contra manifestantes pacíficos y la población general son inaceptables, y deben cesar”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un comunicado.

Asimismo, Washington defendió que la convocatoria de elecciones anticipadas en Nicaragua, planteada por los obispos nicaragüenses, puede representar “un camino constructivo” para superar la crisis. A dos meses de la crisis, Masaya, la ciudad que fue cuna de la revolución sandinista hace 40 años y que hoy lidera las revueltas contra el presidente Ortega, anunció que se prepara para un autogobierno, después de echar al alcalde, encerrar a los policías en el cuartel y haberse fortificado tras un centenar de barricadas.

Mientras la violencia no cesa, el diálogo nacional con el que se espera superar la crisis, sigue en el limbo. Este lunes, la Conferencia Episcopal, mediadora y testigo del diálogo, suspendió las tres mesas de trabajo creadas para superar la crisis debido a que el Gobierno no presentó copias de las cartas de invitación a organismos internacionales a visitar el país.

En la reanudación del diálogo el pasado viernes, tras una suspensión desde el 23 de mayo, el Ejecutivo aceptó invitar de manera “inmediata” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea (UE) y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Esto es crucial para lograr que se detenga la represión y el derramamiento de sangre, y que se garantice una investigación independiente y la seguridad de los ciudadanos”, indicó la Alianza por la Justicia y la Democracia, que aglutina a los universitarios, empresarios, sociedad civil y campesinos de Nicaragua. Esa coalición condicionó su permanencia en el diálogo al cumplimiento de los acuerdos alcanzados hasta ahora y aceptados por el Gobierno.

El Ejecutivo aseguró que asistirá este martes a la mesa de diálogo y reiteró su propuesta de que sean creadas “comisiones locales de paz” para “frenar la ola terrorista” en Nicaragua. Los obispos aclararon en un comunicado que solamente llamarán a las partes si el Ejecutivo cumple con lo acordado, en relación a la invitación a organismos internacionales.