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Politica

Ecuador ha gastado millones en la protección de Julian Assange

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El Gobierno de Ecuador ha gastado más de 4 millones en una operación de espionaje con el objetivo de proteger al activista Julian Assange, refugiado en su embajada de Londres desde 2012.

Esta lleva en marcha desde ese año, según desvela una investigación del periódico «The Guardian». El diario británico, que ha tenido acceso a papeles clasificados del Ejecutivo ecuatoriano, asegura que este ha contratado durante todo este periodo a varios agentes encubiertos de una compañía de seguridad que han vigilado constantemente tanto a las visitas que recibía Assange como al personal de la embajada.

No se libraba del espionaje ni la policía británica que custodia desde 2012 las puertas de la embajada por si el fundador de Wikileaks pone un pie fuera, momento en el que sería arrestado al estar requerido por la justicia de Reino Unido.

Bajo el nombre de «Operación Invitado», que posteriormente pasaría a llamarse «Operación Hotel», Ecuador seguía y grababa, con «minucioso detalle», según el rotativo inglés, las actividades diarias tanto de Assange como de su equipo legal.

Algo que le costaba al Gobierno ecuatoriano una media de 55.000 euros al día. Solo entre junio de 2012 y agosto de 2013, el dispositivo costó aproximadamente 820.000 euros ,acorde a documentos filtrados a este diario desde la Secretaría Nacional de Inteligencia ecuatoriana (Senain).

Aunque no lo afirma categóricamente, la investigación realizada por «The Guardian» sugiere que la operación contaba con el apoyo total del entonces presidente ecuatoriano, Rafael Correa.

Todo a pesar de que el propio Assange logró poner en peligro el sistema de comunicación dentro de la embajada al tener su propio acceso a internet vía satélite, con lo que pudo acceder e interceptar los canales oficiales y personales de todo el personal.

El periódico también asegura que Ecuador planificó incluso una huida, mediante un vehículo diplomático, de Assange de la embajada ante el temor de que las autoridades británicas pudiesen acceder a la fuerza al edificio. Otras opciones que se barajaron en Quito fueron las de nombrarle representante del país ante las Naciones Unidas o darle la nacionalidad ecuatoriana para pedir su inmunidad diplomática. Algo que finalmente ocurrió pero que Reino Unido no concedió.

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Condenan a Keiko Fujimori a 36 meses de prisión

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Keiko Sofía Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, ha sido condenada a 36 meses de prisión por el juez Richard Concepción Carhuancho. El magistrado señaló en su auto que la condenada es «la líder de una organización criminal» que lavó dinero, amenazó a testigos y obstaculizó la acción de la Justicia en el denominado caso Odebrecht, que también ha salpicado a los expresidentes Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Keiko, que estuvo a punto de ser presidenta de Perú en 2016  por apenas un puñado de votos, ha pasado en apenas tres años de ser la mayor líder de la oposición del país a dormir en un calabozo, como primer destino rumbo a la cárcel, debido a la diligente labor del fiscal José Domingo Pérez. Este magistrado lleva investigando desde el pasado año a los políticos que recibieron dinero de la empresa constructora brasileña Odebrecht .

El pasado 10 de octubre, Keiko Sofía Fujimori, de 43 años, fue detenida de manera preventiva porque se alegaba que su entorno obstaculizaba la Justicia, al amedrentar a los testigos protegidos que han declarado ante la Fiscalía, entidad que la acusa de haber lavado 1,2 millones de dólares que recibió de la empresa brasileña, Odebrecht, en la campaña presidencial del 2011.

En 2011, Keiko Sofía era la candidata presidencial favorita de los empresarios peruanos frente Ollanta Humala, el candidato apoyado por el chavismo y el entonces presidente de Brasil, Luis Inázio Lula da Silva. Tras ser derrotada, Fujimori, volvió a postularse en 2016 para la Presidencia y volvió a perder frente a Pedro Pablo Kuczynski por más de 40.000 votos. Pese a todo, obtuvo la mayoría en el Congreso, con 73 de los por 130 diputado.

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Politica

Aprueban proyecto de ley que impide que Alberto Fujimori regresa a prisión

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El pleno del Congreso de Perú aprobó ayer jueves el proyecto de ley presentado por la congresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma para impedir que el expresidente Alberto Fujimori vuelva a ingresar en prisión después de que se anulara el indulto humanitario concedido por el exdirigente peruano Pedro Pablo Kuczynski.

La iniciativa ha salido adelante con 55 votos a favor, 30 votos en contra y dos abstenciones, según ha informado el diario local ‘El Comercio’. Poco antes, el pleno rechazó una solicitud presentada por la parlamentaria Marisa Glave, de Nuevo Perú, para que el proyecto fuera revistado previamente por la Comisión de Justicia de la cámara.

El proyecto presentado por Vilcatoma, que cuenta con las firmas de los legisladores de Fuerza Popular, señala que los beneficiarios, puestos en libertad bajo vigilancia, deberán utilizar un dispositivo electrónico y permanecer en un “radio de acción y desplazamiento circunscrito a la provincia donde residen”.

Asimismo, podrán acceder a este beneficio los mayores de 65 años que “se encuentren con enfermedad grave o crónica acreditada” por el médico legal y hayan cumplido un tercio de su pena. También los “adultos mayores varones de 78 años”, con el único requisito de haber cumplido un tercio de su pena.

El documento añade que el trámite debe hacerse ante el jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) y puede efectuarlo “el propio condenado, un familiar, un abogado defensor de su elección o la defensa pública del Ministerio de Justicia”.

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“No me condenen a muerte, ya no doy más”: Alberto Fujimori

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El exmandatario peruano Alberto Fujimori ha pedido este jueves al presidente de Perú, Martín Vizcarra, y a la justicia de su país no volver a prisión porque su “corazón no lo va a soportar”, en momentos en que permanece en una clínica por una afección cardiaca.

Fujimori, de 80 años, ingresó este miércoles a la clínica Centenario de Lima después de que un juez de la Corte Suprema anulara su indulto y ordenara su arresto para que siga cumpliendo una condena por violaciones a los derechos humanos.

“Quiero pedirle al Presidente de la República y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten. Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo”, ha señalado Fujimori en un vídeo difundido por la estación de televisión ‘Canal N’.

“No me condenen a muerte, ya no doy más”, ha agregado el expresidente echado en una cama de la clínica.

Fujimori, que está detenido en la clínica y tiene resguardo de la policía judicial, instó además a las autoridades y a los grupos políticos que no lo usen como “arma política” porque no tiene “fuerzas para resistirlo”.

Los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta (1991) y Barrios Altos (1992), en los que murieron 25 personas, solicitaron en julio la revocación del indulto, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio plazo hasta finales de octubre para que la Justicia peruana tomara medidas.

En la víspera, el abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, ha apelado el fallo del magistrado de la Corte Suprema y ha solicitado al tribunal suspender la orden de arresto del expresidente por “un inminente riesgo de muerte súbita en caso de reingresar a un establecimiento penitenciario”.

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