Más de un centenar de médicos pide que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, encarcelado en la prisión británica de alta seguridad Belmarsh, reciba atención sanitaria urgente, en una carta publicada hoy en la revista científica «The Lancet».

Encabezados por Stephen Frost y Lissa Johnson, los signatarios procedentes de 18 países urgen a los Gobiernos del Reino Unido y Australia «acabar con la tortura» que supone no atender médicamente al informático, cuya salud se está deteriorando.

El periodista australiano, de 48 años, está detenido en Belmarsh a la espera de que el 24 de febrero empiece un juicio de extradición solicitada por Estados Unidos, que le reclama por la difusión de cables diplomáticos confidenciales en 2010.

Mañana comparecen ante la prensa en Londres algunos de los colaboradores de Assange, entre ellos el director de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, y su abogada Jennifer Robinson, antes de que el miércoles se celebre una vista judicial preliminar.

Desde su primera detención en 2010 a solicitud de Suecia, que le reclamó por un caso de presuntos delitos sexuales, que desde entonces ha sido cancelado, Assange ha estado confinado, primero bajo arresto domiciliario en un pueblo inglés y entre 2012 y 2019 refugiado en la embajada londinense de Ecuador, que el año pasado le retiró el asilo político.

Los médicos firmantes señalan que, durante todo este tiempo, el programador no ha recibido atención médica adecuada y lamentan que, según el testimonio de varias fuentes, su salud física y mental está empeorando.

Recuerdan que, en una comparecencia judicial el pasado octubre, apareció pálido y con bajo peso, cojeando y con problemas para concentrarse y comprender el proceso.

En mayo de 2019, el enviado especial de la ONU sobre tortura, Nils Melzer, dijo, tras visitarle en Belmarsh acompañado de médicos, que Assange mostraba síntomas típicos de estar «sometido a una prolongada tortura psicológica».

Los firmantes de la misiva, muchos de los cuales ya suscribieron otra similar el pasado mes de noviembre, condenan «la negación de atención sanitaria adecuada» al periodista y subrayan que «no debe permitirse que la política interfiera con el derecho a la salud y la práctica de la medicina».

Estos profesionales, miembros del grupo Doctores por Assange, instan a otros colegas a sumarse a su iniciativa y afirman que «la politización de los principios fundacionales de la medicina es una grave preocupación« y tendrá consecuencias más allá del caso del australiano.

«El abuso a través de una negligencia médica políticamente motivada sienta un grave precedente, de que la profesión médica puede ser manipulada como una herramienta política», escriben en «The Lancet».

Los signatarios avisan de que, si Assange muere en prisión, como Melzer advirtió que podría pasar, «habrá sido en efecto torturado hasta la muerte».

La profesión médica no puede permitirse «permanecer en silencio» ante esta situación de tortura, concluyen los médicos, que señalan que no tienen conflicto de intereses en este caso.

La Unión Europea (UE) volvió a incluir este martes a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales, de la que había salido en marzo de 2019, debido a que el país no cumple con las normas del Foro Global sobre transparencia e intercambio de información fiscal, dependiente de la OCDE.

También las Islas Caimán -territorio británico de ultramar-, las Islas Seychelles y Palau entraron en este listado tras la actualización aprobada hoy por los ministros de Economía y Finanzas comunitarios, con lo que se eleva a doce el número de territorios que lo componen.

Estas cuatro jurisdicciones se suman a Samoa Americana, Fiji, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes estadounidenses y Vanuatu, que permanecen en la lista negra.

El Gobierno panameño se adelantó a la UE y anunció ya el lunes que el país sería incluido otra vez entre los paraísos fiscales. «Panamá no es un destino mundial para la evasión fiscal» y «tampoco el registro predilecto para las sociedades ‘offshore’» o extraterritoriales, afirmó la viceministra panameña de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes.

Argumentó que «desde julio de 2019 hasta la fecha no se ha hecho ninguna evaluación técnica de la UE a Panamá, y estas nuevas inclusiones obedecen a que la metodología de UE establece que si un país está incluido en la lista de la OCDE y el GAFI, automáticamente deben ser incluidos en las de la UE en un efecto domino».

La UE no ha modificado sus criterios para determinar qué países son paraísos fiscales, pero sí ha vuelto a evaluar el cumplimiento de los mismos y, aunque la situación de Panamá no ha cambiado en este sentido, el hecho de que la OCDE la haya incluido en su lista implica que la UE tiene que incorporarla a la suya.

Estar en la lista negra no conlleva sanciones más allá de la prohibición de que los fondos comunitarios transiten a través de entidades establecidas en esos territorios.

La UE también ha actualizado la denominada lista gris, en la que se encuentran aquellas jurisdicciones que todavía no cumplen las exigencias comunitarias, pero que se han comprometido a hacer cambios, de modo que pasa de 32 a 12 países.

Turquía, Anguila, Botswana, Bosnia Herzegovina, Eswatini (antigua Suazilandia), Jordania, Maldivas, Mongolia, Namibia y Tailandia figuran en esta lista porque aún deben hacer cambios en materia de transparencia. Marruecos, Australia, Santa Lucía, Namibia y Jordania, por su parte, tienen todavía que adaptar sus legislaciones para acabar con ciertos regímenes fiscales perjudiciales. La UE da a cada uno de los países un plazo concreto para subsanar sus deficiencias.

El bloque europeo puso en marcha su lista negra en diciembre de 2017 y desde entonces evalúa periódicamente a terceros países en función de tres criterios: el nivel de transparencia e intercambio de información, la existencia de prácticas fiscales perjudiciales y el cumplimiento de las normas internacionales para evitar la erosión de la base imponible. La próxima revisión será en octubre.

Desde el 12 de febrero, funcionarios de Acodeco verifican a nivel nacional las ventas especiales, ofertas y rebajas relacionadas a útiles escolares, precios a la vista y el listado de útiles exentos del pago del impuesto en el inicio del operativo “De Vuelta a Clases”.

Las verificaciones abarcan distintos centros comerciales en la ciudad capital, como Albrook Mall, Los Andes Mall, Metro Mall, Centro Comercial El Dorado, Los Andes y Los Pueblos, Calidonia y La Peatonal.

Los agentes económicos que llevan a cabo ventas especiales, ofertas y rebajas relacionadas a útiles escolares, incluyendo uniformes, zapatos, zapatillas para educación física, entre otros serán visitados a fin de constatar el cumplimiento de la Ley 45 de 2007, en temas de veracidad de la publicidad y precios a la vista.

Igualmente los establecimientos deberán mantener el listado de útiles escolares exentos del pago del impuesto para que los consumidores consulten al momento de realizar sus compras.

Entre estos artículos se encuentran libros y textos de cualquier género, revistas educativas, cuadernos, lápices, loncheras, juegos de geometría, capotes escolares, mochilas escolares con un precio hasta B/. 30.00, zapatos escolares con un precio hasta B/. 40.00, zapatillas para educación física hasta B/. 30.00 y correas que no exceda de B/. 15.00.