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Politica

Niegan solicitud de arresto domiciliario a Ricardo Martinelli

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Ricardo Martinelli expresidente de Panamá seguirá detenido en la cárcel luego que el pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó el martes una solicitud de su defensa para cambiar su arresto preventivo por uno domiciliario, una medida menos severa.

Los nueve jueces de la Corte que celebró la audiencia a Martinelli decidieron por unanimidad que los abogados del exlíder no presentaron argumentos novedosos que “permitan justificar el cambio de las medidas de detención preventiva”.

El magistrado Luis Mario Carrasco leyó la decisión del pleno y dijo que se tomó en consideración los dos argumentos de la defensa: la salud de Martinelli y que se tomara en consideración el año que estuvo preso en Miami mientras se desarrollaba el proceso de extradición.

La Corte consideró que aunque el acusado es una persona mayor aquejada de padecimientos crónicos que obligan a una disciplina de medicación, esta puede administrarse en el centro de detención, con ciertas especificaciones. “No se ha acreditado que la condición amerite un cambio de medida cautelar”, señaló Carrasco.

Balbina Herrera, una exdiputada que acusa a Martinelli de haber intervenido sus teléfonos, consideró que la Corte “ha establecido con claridad meridiana la decisión de mantener a Martinelli detenido”.
“Más que satisfecha, siento que se respetó la ley en este país”, dijo Herrera, quien fue derrotada por Martinelli en las elecciones presidenciales de 2009.

El fallo de la Corte se produjo tras más de cinco horas de audiencia en las que el expresidente pidió consideración y respeto y argumentó que no tenía intención de fugarse de Panamá.
Durante la sesión, Martinelli, que llegó extraditado desde Estados Unidos la semana pasada por acusaciones de espionaje, dijo demostraré mi inocencia.

El exmandatario dijo que el caso de las escuchas telefónicas al igual que otros procesos de corrupción que están estancados son parte de persecuciones políticas. “Es un proceso político para deshabilitarme, mis problemas empezaron apenas supieron que tenía aspiraciones políticas”, señaló.

“Tengo 66 años y no sufría de ningún achaque cuando me fui de aquí”, afirmó el exgobernante al enumerar sus padecimientos médicos. Martinelli estuvo hospitalizado tres días por una crisis de hipertensión que sufrió el mismo día que llegó extraditado.

“He venido a recuperar mi nombre, a que mi partido se consolide”, expresó señalando que no tiene “la más remota intención de salir de Panamá”.

“Vine a afrontar la justicia, disculpen mi emotividad, pero soy así”, dijo Martinelli, que permanecerá detenido en la cárcel El Renacer.
Los abogados de Martinelli pidieron infructuosamente que se le cambiase la detención preventiva por un arresto domiciliario argumentando que no existe peligro de fuga y señalaron que al llegar al país ya no está en rebeldía, dos circunstancias fueron la base judicial para pedir su extradición.

Martinelli tiene programado un juicio el 26 de junio en el que se dirimirá si es culpable o no de espionaje político.

Martinelli, que presidió el país centroamericano entre 2009 y 2014, salió de Panamá a fines de 2015 después de que la Corte allanó el camino para una pesquisa por corrupción.

Fue detenido en Miami en junio de 2017 en base a una solicitud de extradición de las autoridades panameñas para que enfrentara acusaciones por intervenir supuestamente las comunicaciones de unas 150 personas. La Corte lo declaró en rebeldía al no presentarse a enfrentar los cargos por espionaje político.

Uno de los querellantes, el abogado Carlos Herrera, quien sostiene que el exgobernante debe permanecer detenido en la cárcel, dijo que Martinelli cuenta con recursos económicos y que existe un verdadero “peligro de fuga y temor de que las pruebas se malogren” si sale de prisión.

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Condenan a Keiko Fujimori a 36 meses de prisión

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Keiko Sofía Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, ha sido condenada a 36 meses de prisión por el juez Richard Concepción Carhuancho. El magistrado señaló en su auto que la condenada es «la líder de una organización criminal» que lavó dinero, amenazó a testigos y obstaculizó la acción de la Justicia en el denominado caso Odebrecht, que también ha salpicado a los expresidentes Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Keiko, que estuvo a punto de ser presidenta de Perú en 2016  por apenas un puñado de votos, ha pasado en apenas tres años de ser la mayor líder de la oposición del país a dormir en un calabozo, como primer destino rumbo a la cárcel, debido a la diligente labor del fiscal José Domingo Pérez. Este magistrado lleva investigando desde el pasado año a los políticos que recibieron dinero de la empresa constructora brasileña Odebrecht .

El pasado 10 de octubre, Keiko Sofía Fujimori, de 43 años, fue detenida de manera preventiva porque se alegaba que su entorno obstaculizaba la Justicia, al amedrentar a los testigos protegidos que han declarado ante la Fiscalía, entidad que la acusa de haber lavado 1,2 millones de dólares que recibió de la empresa brasileña, Odebrecht, en la campaña presidencial del 2011.

En 2011, Keiko Sofía era la candidata presidencial favorita de los empresarios peruanos frente Ollanta Humala, el candidato apoyado por el chavismo y el entonces presidente de Brasil, Luis Inázio Lula da Silva. Tras ser derrotada, Fujimori, volvió a postularse en 2016 para la Presidencia y volvió a perder frente a Pedro Pablo Kuczynski por más de 40.000 votos. Pese a todo, obtuvo la mayoría en el Congreso, con 73 de los por 130 diputado.

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Aprueban proyecto de ley que impide que Alberto Fujimori regresa a prisión

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El pleno del Congreso de Perú aprobó ayer jueves el proyecto de ley presentado por la congresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma para impedir que el expresidente Alberto Fujimori vuelva a ingresar en prisión después de que se anulara el indulto humanitario concedido por el exdirigente peruano Pedro Pablo Kuczynski.

La iniciativa ha salido adelante con 55 votos a favor, 30 votos en contra y dos abstenciones, según ha informado el diario local ‘El Comercio’. Poco antes, el pleno rechazó una solicitud presentada por la parlamentaria Marisa Glave, de Nuevo Perú, para que el proyecto fuera revistado previamente por la Comisión de Justicia de la cámara.

El proyecto presentado por Vilcatoma, que cuenta con las firmas de los legisladores de Fuerza Popular, señala que los beneficiarios, puestos en libertad bajo vigilancia, deberán utilizar un dispositivo electrónico y permanecer en un “radio de acción y desplazamiento circunscrito a la provincia donde residen”.

Asimismo, podrán acceder a este beneficio los mayores de 65 años que “se encuentren con enfermedad grave o crónica acreditada” por el médico legal y hayan cumplido un tercio de su pena. También los “adultos mayores varones de 78 años”, con el único requisito de haber cumplido un tercio de su pena.

El documento añade que el trámite debe hacerse ante el jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) y puede efectuarlo “el propio condenado, un familiar, un abogado defensor de su elección o la defensa pública del Ministerio de Justicia”.

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“No me condenen a muerte, ya no doy más”: Alberto Fujimori

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El exmandatario peruano Alberto Fujimori ha pedido este jueves al presidente de Perú, Martín Vizcarra, y a la justicia de su país no volver a prisión porque su “corazón no lo va a soportar”, en momentos en que permanece en una clínica por una afección cardiaca.

Fujimori, de 80 años, ingresó este miércoles a la clínica Centenario de Lima después de que un juez de la Corte Suprema anulara su indulto y ordenara su arresto para que siga cumpliendo una condena por violaciones a los derechos humanos.

“Quiero pedirle al Presidente de la República y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten. Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo”, ha señalado Fujimori en un vídeo difundido por la estación de televisión ‘Canal N’.

“No me condenen a muerte, ya no doy más”, ha agregado el expresidente echado en una cama de la clínica.

Fujimori, que está detenido en la clínica y tiene resguardo de la policía judicial, instó además a las autoridades y a los grupos políticos que no lo usen como “arma política” porque no tiene “fuerzas para resistirlo”.

Los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta (1991) y Barrios Altos (1992), en los que murieron 25 personas, solicitaron en julio la revocación del indulto, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio plazo hasta finales de octubre para que la Justicia peruana tomara medidas.

En la víspera, el abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, ha apelado el fallo del magistrado de la Corte Suprema y ha solicitado al tribunal suspender la orden de arresto del expresidente por “un inminente riesgo de muerte súbita en caso de reingresar a un establecimiento penitenciario”.

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