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Protestas en Chile piden vuelva a implementarse pena de muerte

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La muerte de la menor lactante Sophia, de un año y 11 meses, presuntamente a causa de los malos tratos y abuso sexual que ejerció sobre ella su progenitor, ha puesto en pie de guerra a toda la sociedad chilena. Manifestaciones y protestas, así como altercados de cierta gravedad, plantan cara al Gobierno por los casi ‘habituales’ casos de violencia hacia los menores en el país.

De hecho, a través del hashtag #LeySophia, los chilenos han solicitado al Gobierno la creación de una nueva ley que llevaría el nombre de la menor fallecida como homenaje que refuerce las penas contra agresores de este tipo, endureciendo las penas de cárcel para quienes resultes responsables de abusos y maltratos contra menores de edad.

Los condenados por violencia intrafamiliar hacia menores o por parricidio delito consistente en matar a un familiar, especialmente señalado en referencia al asesinato de un padre/madre o hijos deberían enfrentarse, siempre según las peticiones sociales, a cadenas perpetuas efectivas y sin beneficios. O, incluso, a la pena de muerte.

Esta fue derogada en el mes de mayo de 2001, con el Gobierno de Ricardo Lagos. Actualmente, la mención a esta condena aparece únicamente en el Artículo 19, número 1, de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, en el que se indica que la pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.

A cambio, se habilitó una condena conocida como presidio perpetuo calificado. Este establece que una persona condenada no puede acceder a ningún beneficio penitenciario por ejemplo, la salida dominical o la reclusión nocturna por el plazo de 40 años, lo cual se establece por la aprobación de la mayoría de miembros en ejercicio de la Corte Suprema de Chile.

El presidio perpetuo calificado está contemplado en el país para delitos graves como el secuestro con homicidio o violación el homicidio de un fiscal del Ministerio Público o defensor penal público por el ejercicio de sus funciones, la violación con homicidio o, el parricidio.

Sin embargo, los chilenos han ido un paso más allá, pidiendo la vuelta de la pena de muerte para casos como el de Sophia, de extrema gravedad y brutalidad. Tal y como indica el diario digital ‘Publimetro’, la petición ya estaría siendo analizado, al menos, por dos diputados, ambos miembros de la comisión de seguridad ciudadana de la Cámara.

 A día de hoy, en la región latinoamericana únicamente permanece vigente la pena de muerte en la isla de Cuba y en Guatemala, aunque varios de los países abolicionistas Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Uruguay y Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Nicaragua, Paraguay, Perú y El Salvador mantienen la posibilidad de utilizar la pena de muerte en la legislación militar sólo en tiempo de guerra. Este es el caso de Brasil, Chile, El Salvador y Perú.

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Ricardo Martinelli ex presidente de Panamá presenta incapacidad médica para declarar en caso Odebrecht

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El ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) ha comunicado a la Fiscalía Especial Anticorrupción que su incapacidad médica, en la que se amparó para no prestar declaración sobre el caso de corrupción ‘New Business’, ha sido ampliada, lo que también le evitaría declarar en el caso ‘Odebrecht’.

Martinelli, acusado de comprar la Editora Panamá América SA (EPASA) con fondos públicos en el caso ‘New Business’, debía haber comparecido ante esa Fiscalía el pasado jueves pero no

lo hizo parapetándose en un “certificado de incapacidad” en el que su cardiólogo le declara incapacitado entre el 1 y el 3 de julio.

Ahora, Martinelli ha comunicado a la misma Fiscalía pero en relación con el caso ‘Odebrecht’, por el que también está investigado, que su incapacidad médica ha sido extendida hasta el 10 de julio, según informa el diario panameño ‘La Prensa’.

El Ministerio Público investiga tanto a Martinelli como a su sucesor Juan Carlos Varela (2014-2019) por supuestos sobornos recibidos de Odebrecht, constructora brasileña que protagoniza una trama de pago de sobornos a cambio de obra pública que extiende sus tentáculos por todo el continente.

Además, los hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique, han sido detenidos esta semana en

Guatemala acusados de blanqueo de capitales por el caso de la constructora brasileña. La Justicia guatemalteca ordenó el martes su ingreso en prisión preventiva a la espera de su extradición.

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Argentina supera en casos diarios al país de origen del Covid

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Argentina ha sumado en las últimas 24 horas una cifra récord de más de 3.600 nuevos casos diarios, lo que eleva el total de personas contagiadas de coronavirus en la nación suramericana por encima de los 87.000, superando así a China, punto de partida de la pandemia.

De acuerdo con el último balance del Ministerio de Salud, en la pasada jornada se registraron 3.604 nuevos casos. No solo es la cifra más alta anotada en un solo día, sino que es la primera vez que rebasa los 3.000 diarios. El récord anterior fueron los 2.979 del martes, por lo que en apenas 24 horas han aumentado un 21 por ciento, destaca ‘Clarín’.

Con ello, el total asciende ya a 87.030, lo que sitúa a Argentina justo por encima de China con 84.950 en el ranking mundial que elabora la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.

En cuanto a las víctimas mortales por COVID-19, las cifras son más moderadas. En estas 24 horas se han producido otros 51 decesos, para un total de 1.694 fallecidos. Además, 671 personas están ingresadas en cuidados intensivos.

La provincia y la ciudad de Buenos Aires son el foco principal de la pandemia en Argentina, con 45.523 y 34.422 positivos, respectivamente.

El Gobierno de Alberto Fernández declaró una cuarentena nacional que ha comenzado a relajar en el contexto de una crisis económica preexistente que le mantiene inmerso en las negociaciones con los acreedores del país para la reestructuración de la deuda.

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Extienden la prohibición de los vuelos internacionales en Panamá

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La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá anuncio ayer miércoles su decisión de ampliar la prohibición de los vuelos internacionales en el país hasta el 23 de julio, esgrimiendo “razones de salud pública” en el marco de la pandemia del coronavirus.

La resolución, firmada por el director de la AAC, Gustavo Pérez Morales, y publicada en la Gaceta Oficial, exceptúa los vuelos humanitarios y que transporten equipos o insumos necesarios para afrontar la pandemia.

Esta prohibición a los vuelos internacionales está en vigor en Panamá desde el 23 de marzo. En primer momento, iban a reiniciarse el 23 de mayo pero, desde entonces, la AAC ha extendido la medida en dos ocasiones, hasta el 22 de junio y, ahora, hasta el 23 de julio.

El transporte aéreo está incluido en el cuarto bloque de seis del plan de reactivación económica de Panamá. El primero arrancó el 13 de mayo y el segundo el 1 de junio. Aún no hay fecha para la reactivación de los siguientes bloques.

Las autoridades sanitarias panameñas han registrado este miércoles 635 nuevos casos de coronavirus y 13 muertes. Así, el país latinoamericano, 101 días después de confirmar su primer caso, contabiliza un total de 22.597 positivos por la COVID-19 y 470 víctimas mortales.

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