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Protestas en Chile piden vuelva a implementarse pena de muerte

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La muerte de la menor lactante Sophia, de un año y 11 meses, presuntamente a causa de los malos tratos y abuso sexual que ejerció sobre ella su progenitor, ha puesto en pie de guerra a toda la sociedad chilena. Manifestaciones y protestas, así como altercados de cierta gravedad, plantan cara al Gobierno por los casi ‘habituales’ casos de violencia hacia los menores en el país.

De hecho, a través del hashtag #LeySophia, los chilenos han solicitado al Gobierno la creación de una nueva ley que llevaría el nombre de la menor fallecida como homenaje que refuerce las penas contra agresores de este tipo, endureciendo las penas de cárcel para quienes resultes responsables de abusos y maltratos contra menores de edad.

Los condenados por violencia intrafamiliar hacia menores o por parricidio delito consistente en matar a un familiar, especialmente señalado en referencia al asesinato de un padre/madre o hijos deberían enfrentarse, siempre según las peticiones sociales, a cadenas perpetuas efectivas y sin beneficios. O, incluso, a la pena de muerte.

Esta fue derogada en el mes de mayo de 2001, con el Gobierno de Ricardo Lagos. Actualmente, la mención a esta condena aparece únicamente en el Artículo 19, número 1, de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, en el que se indica que la pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.

A cambio, se habilitó una condena conocida como presidio perpetuo calificado. Este establece que una persona condenada no puede acceder a ningún beneficio penitenciario por ejemplo, la salida dominical o la reclusión nocturna por el plazo de 40 años, lo cual se establece por la aprobación de la mayoría de miembros en ejercicio de la Corte Suprema de Chile.

El presidio perpetuo calificado está contemplado en el país para delitos graves como el secuestro con homicidio o violación el homicidio de un fiscal del Ministerio Público o defensor penal público por el ejercicio de sus funciones, la violación con homicidio o, el parricidio.

Sin embargo, los chilenos han ido un paso más allá, pidiendo la vuelta de la pena de muerte para casos como el de Sophia, de extrema gravedad y brutalidad. Tal y como indica el diario digital ‘Publimetro’, la petición ya estaría siendo analizado, al menos, por dos diputados, ambos miembros de la comisión de seguridad ciudadana de la Cámara.

 A día de hoy, en la región latinoamericana únicamente permanece vigente la pena de muerte en la isla de Cuba y en Guatemala, aunque varios de los países abolicionistas Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Uruguay y Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Nicaragua, Paraguay, Perú y El Salvador mantienen la posibilidad de utilizar la pena de muerte en la legislación militar sólo en tiempo de guerra. Este es el caso de Brasil, Chile, El Salvador y Perú.

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Abogado de Maradona desmiente que padezca alzhéimer

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El abogado y representante de Diego Armando Maradona, Matías Morla, solicitó «contención, cariño y acompañamiento» para el exjugador, quien estos días se encuentra en Argentina «atendiendo su salud», a la espera de someterse a sendas operaciones en la rodilla y en el hombro.

«Vuelvo a pedir que todos aquellos que están cerca de Maradona valoren lo que él hace por nosotros y estemos cerca para darle contención, cariño y acompañamiento y no disgustos y exposición mediática», pidió el jurista en un comunicado difundido a través de las redes sociales.

El ‘Pelusa’ permanece en el país austral debido a su estado de salud y no acompañó a la selección albiceleste en la Copa América que se disputa en Brasil, aunque envió un audio a la expedición animando a los jugadores.

Por el mismo motivo, anunció hace una semana su renuncia como entrenador del Dorados de Sinaloa mexicano que dirigió durante las dos últimas temporadas.

En los últimos días, varios medios locales especularon con la posibilidad de que el ’10’ sufriera principio de alzhéimer, aunque Morla salió este miércoles al paso de esos rumores y los desmintió.

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Trump ordena ataques militares contra Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó este viernes varios ataques militares contra Irán, en represalia por el derribo de un dron de emergencia, para después retirar la orden de ataque en el último momento, informa el «New York Times».

Inicialmente, Trump había aprobado la realización de ataques contra varios objetivos, según el periódico, que ha citado a altos cargos de la Administración informados o involucrados en las deliberaciones.

Los ataques estaban previstos para justo antes del amanecer de este viernes para minimizar el riesgo para el Ejército iraní o para los civiles, según ha recalcado el diario. Los aviones estaban en el aire y los buques en posición, pero no se dispararon los misiles después de que llegara la orden de retirarse, según explica una de las fuentes citadas.

La abrupta parada puso fin al que habría sido la tercera acción militar de Donald Trump contra objetivos en Oriente Medio. Sin embargo, según el medio de comunicación estadounidense, no está claro si los ataques contra Irán podría realizarse todavía y todavía se desconoce la razón del cambio de parecer de Donald Trump.

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Odebrecht negocia con la justicia en Brasil para evitar la quiebra

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Fue el grupo más poderoso de Brasil, aquel que en los años de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) tenía dueños que figuraban entre los más ricos del mundo. Este jueves Odebrecht, creada por el abuelo Norberto y continuada por su hijo Emilio y por su nieto Marcelo, debió cerrar con la justicia lo que en Brasil se conoce como un plan de “recuperación” de la empresa -un concurso de acreedores- para evitar la quiebra.

La deuda de la compañía asciende a cifras siderales: están en juego nada menos que un total de 25.500 millones de dólares. De esa cifra, 13.144 millones son los que entran en el acuerdo judicial.

En un comunicado interno, para sus empleados, la firma dijo que la culpa de la situación es la “crisis económica”. Advierte que es “la más grave crisis económica en décadas”.

La medida fue acordada esta tarde en un juzgado de San Pablo. La recuperación incluye al holding ODB (iniciales de Odebrecht), a varios de los sub-holding y a sus controladoras. Los números son inimaginables para buena parte del empresariado mundial. Ocurre que Odebrecht, elegida por los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff como la compañía destinada a convertirse en un pulpo internacional a imagen y semejanza de las grandes multinacionales extranjeras debe enfrentar ahora a una realidad bien diferente. No sólo se le acabaron los negocios que tenía en América Latina, entre ellos el soterramiento del Sarmiento en la Argentina. Tampoco puede aprovecharse como lo hizo durante más de una década de ese mecanismo perverso de sobrefacturación de las obras. Era el medio que tenía para controlar todos los emprendimientos en su país y buena parte de los que realizaba afuera. Por entonces contaba, desde luego, con el beneplácito de directivos de empresas estatales, como es el caso de la brasileña Petrobras, de políticos, parlamentarios y gobiernos.

El monto total de las deudas que entraron en la lista del concurso asciende a 21.649 millones de dólares, pero a esa cuantía se le suman 3.800 millones de créditos otorgados a la compañía que quedaron afuera del convenio judicial. Otra parte representa créditos entre subsidiarias del propio holding y por eso tampoco entraron en ese pacto.

En síntesis, lo que hoy acordó la firma con el poder judicial es ese total de 51.000 millones de reales, equivalentes a 13.200 millones de dólares. O sea, una “pequeña” fortuna.

Una serie de sub-holdings entraron dentro del acuerdo. Por ejemplo, la firma de inversiones OSP, que controla la petroquímica Braskem. También entró la rama Odebrecht Servicios y Participaciones, además de la Odebrecht International Corporation y la Odebrecht Finance Limited. No deja de ser un dato que la Caja Económica Federal, perteneciente al Estado brasileño y ahora comandada por funcionarios del gobierno de Jair Bolsonaro, haya promovido la ejecución de las garantías de un préstamo concedido a la empresa. Más específicamente citaron judicialmente a la firma por cuenta de la construcción del estadio de fútbol Corinthians que habría sido sobrefacturado. En verdad, esa arena fue construida a pedido del ex presidente Lula da Silva, un fanático del club homónimo. Fue, también, palco de varios partidos del Mundial de 2014.

En el acuerdo realizado, Odebrecht pidió protección contra todas las ejecuciones que podrían derivar del dinero adeudado.

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